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Autor: Ana Laura Toledo

La ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto 5-2021 del Congreso de la República, conocida como “Ley Antitrámites” fue aprobada el 5 de mayo del presente año. El objetivo de esta es descartar todos aquellos requisitos que retrasan los procesos para obtener papelería que emiten las dependencias del Organismo Ejecutivo, reducir tiempo y costos de los trámites, así como modernizar las gestiones por medio del uso de tecnología.

Para la agilización de los trámites la referida ley elimina algunos requisitos como: denuncias por pérdidas de documentos, declaraciones juradas, documentación que emita la propia dependencia, documentos autenticados, entre otros.

En cuanto a la modernización de las gestiones por medio del uso de tecnología, se promueve el uso de la firma electrónica, pagos electrónicos y documentos digitales. 

A fin de que esta ley sea eficaz, la Ley Antitrámites otorga a las instituciones del Organismo Ejecutivo un plazo de 6 meses contados a partir de su entrada en vigor, para adaptar los trámites administrativos, políticas internas, planeaciones y presupuesto para la automatización de procesos y digitalización de documentos. La Ley Antitrámites entrará en vigor el 1 de septiembre de 2021.

Cabe mencionar que esta ley no es aplicable para entidades del Organismo Judicial, Organismo Legislativo, municipalidades y entidades descentralizadas.  A pesar de lo anterior, las instituciones a las cuales esta ley no aplica podrán tomar la iniciativa de regirse por ella si su autoridad máxima lo decide.

Podemos decir que, a pesar de que la Ley Antitrámites recalca muchos tópicos que ya están regulados en otras leyes, tiene una denotación positiva para Guatemala, pues obliga de manera definitiva a disminuir los trámites innecesarios, así como otras burocracias que no deben existir, para facilitar la inversión y desarrollo económico.